La falta de respeto por los indígenas, por las mujeres, por las personas y, en general, por el país, es una constante en la conducta del Comité Cívico pro Santa Cruz. Lo ha sido durante mucho más tiempo que los últimos cinco años. Bastará recordar que, durante el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo (1982-1985) matones reclutados por ese comité ocuparon el aeropuerto portando armas largas, para impedir que el presidente llegara a esa ciudad. Y más atrás todavía, cuando el tema de las regalías petroleras era apenas un pretexto para oponerse a la Revolución Nacional.

Pero volvamos a la cuestión actual. Un grupo de mercenarios actuando abiertamente, preparan planes para realizar atentados terroristas que, en la medida de su implementación realizaría asesinatos hasta, eventualmente, lograr el derrocamiento del gobierno. El presidente Evo Morales lo denunció en la reunión de Trinidad y Tobago. Dos gobiernos europeos reaccionaron con demasiado ímpetu aunque, rápidamente, se vieron obligados a reconocer la seriedad de las acusaciones.

Eduardo Rozsa Flores, con nacionalidades boliviana, croata y húngara, aparece como el organizador de un grupo de mercenarios extranjeros y nacionales que entrenan militarmente y que, en algunas ocasiones, disfrazan su actividad con sesiones deportivas y reuniones sociales. Los detenidos Tadic y Toasó confiesan que aquél pagaba sus cuentas de manutención pero dicen no saber nada sobre quiénes están detrás de él.

Ese es el punto central: quienes son los autores intelectuales de este plan siniestro. Porque el Comité Cívico puede servir como pantalla a uno o varios grupos interesados en crear el caos. Sería simplista y hasta majadero acusar, en conjunto, a quienes forman ese comité.

Porque, es cierto que la estructura de aquella institución empresarial ha adoptado una abierta oposición a este gobierno. Eso está confirmado por una multiplicidad de acciones. Pero no es evidente que todos sus miembros estén implicados en el plan separatista, alguno habrá que pueda demostrar lo contrario. Más aún: se trata de una operación que tiene características internacionales y, por lo tanto, debe tener conexiones que van más allá de nuestras fronteras. La investigación de las autoridades tiene que dar resultados esclarecedores en el menor plazo posible.

Entonces, ¿por qué, las señoras comiteístas, se dejan usar de esa forma? Podrían hacer mejor papel intentando poner en práctica sus estatutos autonomistas que, después de un año, siguen siendo solamente consigna. 

Por Antonio Peredo Leigue