La conformación de la comunidad boliviana en España ha sido producto de distintas olas de migración; la más numerosa se produjo hace menos de una década y llegó a rebasar  la capacidad de atención consular instalada por el Estado boliviano. En esa situación y, como supuesta alternativa, se estructuraron redes de personas dedicadas a realizar trámites que no necesariamente utilizaban los mecanismos regulares para obtener la documentación requerida por los bolivianos y que se realizaban cobros excesivos, más allá de lo establecido por las normas. No es de extrañar que al lado de los consulados se abrieran decenas de oficinas que ofrecían servicios de “apoyo o asesoría” para obtener un pasaporte, licencia de conducir, antecedentes penales y otro tipo de documentos requeridos para regularizar su situación de residencia.

Desde la llegada a la Presidencia de la República y luego Estado Plurinacional de Bolivia del compañero Evo Morales, las autoridades bolivianas han iniciado acciones de fortalecimiento de la cobertura consular, así como de mejorar las funciones de atención a sus compatriotas afincados en España. A contrapunto también se identificaron irregularidades en el funcionamiento de los mismos, motivando la destitución de autoridades y despido de funcionarios vinculados a redes de tramitadores.

Somos testigos del incansable trabajo desarrollado por la representación diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia en este proceso de fortalecimiento institucional, así como de la consecuente lucha frontal contra personas y redes que de forma criminal se han enriquecido y estafado a sus compatriotas los recursos que con mucho sacrificio y hasta sufrimiento les cuesta obtener.

Consideramos que estas redes de enriquecimiento ilícito deben ser desactivarlas y poner a sus integrantes a disposición de los tribunales de justicia para que den cuenta de sus delitos. En España, la Embajada de Bolivia ha acometido una profunda investigación de estas redes poniendo a disposición de la policía española y consecuentemente los tribunales de justicia los datos necesarios para la detención y enjuiciamiento de los involucrados.

Dichas redes pueden haber obtenido decenas de millones de euros en los últimos 10 años, procedentes de ingresos por falsificación de documentos, cobro de cantidades por las mal llamadas “tramitaciones”, estafas, delitos contra los trabajadores, tráfico de personas y otras actividades criminales, ingresos que permitieron que estas redes se fortalecieran, desarrollaran y consolidaran.

En los últimos días, personas cercanas a las denominadas “Casa de Bolivia” y “FEDABOL”, cuyas directivas están encabezadas respectivamente por Wildon Caballero Hurtado y por Víctor Hugo Ordóñez Gareca, han sido detenidas por la policía española acusadas de participar en una trama de estafadores y falsificadores de documentos bolivianos en España.

Coincidiendo con el inicio de operaciones policiales de Bolivia y España, las ya mencionadas FEDABOL y Casa de Bolivia han iniciado una campaña en contra de la Embajadora Carmen Almendras, que está consiguiendo la desactivación de las redes de estafadores que se enriquecen a costa del esfuerzo de los bolivianos y bolivianas inmigrantes en España. Esta campaña de desprestigio, difamación y calumnia ha falseado documentación y noticias periodísticas para confundir a la opinión publica española y boliviana así como a los medios de comunicación de Bolivia, que irresponsablemente han arremetido contra quienes persiguen a las redes que incurren en faltas delictivas, a la vez que han omitido hablar de las detenciones de integrantes tales redes realizadas en España.

Mostramos nuestra sorpresa porque alguna entidad española, únicamente la Liga Española pro Derechos Humanos, -entidad a la que no se le conoce trabajo alguno con la comunidad boliviana inmigrante en España-  haya podido implicarse activamente en esta campaña de desprestigio mediante la emisión de cartas firmadas por su Presidente y masivamente difundidas en Bolivia por las redes delictivas ahora afectadas en sus intereses de lucro. Estas cartas no sólo pasan de ser injustas e injustificadamente cuestionan las actuaciones de la Embajadora, sino que además se ofrece a mediar entre la Embajada y quienes objetivamente amparan a miembros de las redes delictivas que están siendo desactivadas, poniendo -de forma irresponsable- al mismo nivel al Estado Plurinacional de Bolivia y a las organizaciones mafiosas que se combaten, contribuyendo a interferir en el desarrollo institucional de la representación boliviana en España y a la confusión necesaria para que se continúen realizando sus actividades delictivas.

Las organizaciones sociales y políticas que firmamos esta carta mostramos nuestro apoyo incondicional a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en España, a sus Embajadora Doña  Carmen Almendras y a todos los funcionarios bolivianos que están librando con valentía y firmeza esta difícil batalla contra la corrupción y las mafias que se lucran a costa del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes bolivianos en España.

Pedimos a toda la sociedad española, y especialmente a los trabajadores y trabajadoras bolivianas inmigrantes en España y a sus asociaciones, que no se dejen engañar y colaboren para que a la mayor brevedad estas organizaciones delictivas sean definitivamente desarticuladas.

Asamblea de apoyo a Bolivia